Compliance Penal

LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL COMPLIANCE OFFICER

17 junio, 2021

La posible responsabilidad penal del Compliance Officer es una cuestión de amplio debate entre los juristas y expertos en la materia.

La práctica demuestra que los profesionales que van a asumir el rol de Compliance Officer suelen manifestar cierta inquietud ante una eventual responsabilidad penal, especialmente en organizaciones de pequeñas dimensiones.

Uno de los requisitos que establece el 31 bis del Código Penal para que la persona jurídica pueda ver eximida su responsabilidad penal es el siguiente:

“La supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica”.

Por tanto, como ya analizamos en una noticia anterior de nuestro blog , este precepto hace referencia a un órgano unipersonal (Compliance Officer) o a un órgano colegiado (Departamento, Unidad o Comité de Compliance).

En este último caso, la estructura estará integrada por un Chief Compliance Officer (CCO), del cual dependerán jerárquicamente uno o varios sujetos que ostentarán el rol de Compliance Officer.

Así pues, el Compliance Officer se configura como el encargado de llevar a cabo y ejecutar las funciones de “supervisión, vigilancia y control” del modelo de Compliance que haya sido adoptado por el órgano de administración, es decir, del modelo de organización y gestión integrado por medidas de vigilancia y control destinadas a la prevención de delitos.

En este sentido, el Compliance Officer tiene encomendados los deberes de supervisión, vigilancia y control del cumplimiento de la normativa que la organización está obligada a cumplir (hard-law), así como de aquellos compromisos o reglas internas que voluntariamente decide asumir (soft-law).

Por ello, el Compliance Officer se erige como un profesional o mando de alto nivel dentro del organigrama de las organizaciones, el cual asume una posición de garante respecto al cumplimiento de la normativa externa e interna.

Responsabilidades del Compliance Officer según la Fiscalía General del Estado

La Circular 1/2016, de la Fiscalía General del Estado, al analizar la cuestión de la responsabilidad penal del Compliance Officer, plantea dos escenarios:

  • Por un lado, la actuación delictiva del Compliance Officer puede transferir responsabilidad penal a la persona jurídica, por tratarse de una persona que ostenta facultades de organización y control dentro de la persona jurídica.
  • Por otro lado, la comisión de hechos delictivos por parte de personas sometidas a su autoridad también puede dar lugar a la transferencia de responsabilidad penal a la persona jurídica, siempre y cuando el Compliance Officer haya incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control de sus subordinados.

Lógicamente, la realización de un hecho delictivo por parte del Compliance Officer determinará su correspondiente responsabilidad penal, como ocurriría con cualquier otro sujeto.

Responsabilidad por incumplimiento de los deberes del Compliance Officer

No obstante, la cuestión fundamental se centra en analizar si el incumplimiento de sus deberes de supervisión, vigilancia y control, además de poder generar responsabilidad penal para la persona jurídica, podría dar lugar también a la imputación de responsabilidad penal al propio Compliance Officer, por la vía de la comisión por omisión.

  • En primer lugar, el mero incumplimiento de estos deberes, sin que tenga lugar la comisión de hecho delictivo alguno, no podría ser sancionado penalmente, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que pudieren ser adoptadas en el ámbito laboral, como consecuencia de la violación de sus obligaciones contractuales.
  • En segundo lugar, si el incumplimiento de estos deberes tuviese como consecuencia la comisión de un hecho delictivo, sí que podría llegar a imputarse responsabilidad penal al Compliance Officer, sobre la base de su posición de garante del cumplimiento y de la prevención de delitos, pero siempre y cuando se den una serie de circunstancias:
    • La omisión de los deberes de supervisión, vigilancia y control ha favorecido o posibilitado la comisión del hecho delictivo, por ejemplo, no denunciando los hechos o no iniciando la correspondiente investigación ante una eventual denuncia en los canales de comunicación.
    • El delito debe tener conexión con la esfera de actividad desarrollada por la empresa u organización.
    • El delito está encuadrado dentro del perímetro de riesgos penales que deben ser gestionados por parte del Compliance Officer.
    • La comisión del hecho delictivo es conocida por el Compliance Officer.

Para concluir, simplemente indicar que, a pesar de que la jurisprudencia ya ha tenido ocasión de pronunciarse en numerosas ocasiones respecto al régimen aplicable a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, todavía no existen resoluciones o pronunciamientos relativos a la esfera de responsabilidad penal del Compliance Officer.

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Referencias bibliográficas:

  • Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016, de 22 de enero, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015. Referencia BOE: FIS-C-2016-00001.
  • RIBAS, X. (dir.). «Practicum Compliance 2020». 1ª ed. Pamplona: Aranzadi, 2019.

Investigación y redacción por:

Cayetano García – Senior Lawyer