Compliance Penal

La responsabilidad penal de las personas jurídicas

20 septiembre, 2021

La responsabilidad penal de las personas jurídicas se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, la cual introduce el artículo 31 bis del Código Penal.

Con anterioridad a esta ley, regía en nuestro ordenamiento jurídico el principio societas delinquere non potest, conforme al cual se entendía que las personas jurídicas no tenían capacidad de delinquir.

Asimismo, a raíz de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010, se emitió la Circular 1/2011, de la Fiscalía General del Estado, relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, mediante la cual se analizan las razones que justifican la reforma del Código Penal, la problemática que puede derivarse de los procedimientos judiciales contra las personas jurídicas, las pautas que deben seguir los juzgados y tribunales y el listado de delitos que pueden generar responsabilidad penal para las personas jurídicas.

Posteriormente, la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, incluye en el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas a los partidos políticos y sindicatos, que hasta ese momento estaban expresamente excluidos.

Finalmente, la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, redefine el artículo 31 bis y, por tanto, la regulación que existía con respecto a la responsabilidad penal de la persona jurídica, incorporando los denominados “modelos de organización y gestión” (Modelos de Compliance) y los requisitos que deben cumplir para ser considerados como causa de exención o atenuación de la responsabilidad penal de la persona jurídica.

Asimismo, a raíz de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, se emitió la Circular 1/2016, de la Fiscalía General del Estado, relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, mediante la cual se analizan, entre otros aspectos, los títulos de imputación a las personas jurídicas, los sujetos susceptibles de transferir responsabilidad penal a las personas jurídicas, los modelos de organización y gestión (Modelos de Compliance), la situación de las personas jurídicas públicas, etc.

Penas susceptibles de imposición a las personas jurídicas, el artículo 33.7 del Código Penal

  • Multa por cuotas o proporcional.
  • Disolución de la persona jurídica.
  • Suspensión de actividades.
  • Clausura de locales y establecimientos.
  • Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.
  • Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social.
  • Intervención judicial.

Es importante destacar que la responsabilidad penal de la persona jurídica solo podrá declararse respecto de aquellos tipos delictivos que expresamente la contemplen en el Código Penal (o en la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando), es decir, aquellos que remitan expresamente al artículo 31 bis del Código Penal.

Para concluir, resulta fundamental hacer hincapié en la importancia de implantar un Modelo de Compliance, pues se configura como el único instrumento existente para que las empresas y organizaciones, ante un eventual procedimiento judicial, puedan ver eximida o atenuada su responsabilidad penal.

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Fuentes legales:

  • Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
  • Referencia: BOE-A-1995-25444.

Investigación y redacción por:

Cayetano García – Senior Lawyer

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