Compliance Penal

Coronavirus-Covid-19-Compliance

Repercusiones del COVID-19 en materia de Compliance

31 marzo, 2020

La mayoría de los países del mundo están siendo afectados en mayor o menor medida por la incidencia del COVID-19, más conocido como Coronavirus.

A las consecuencias en el plano sanitario, social e incluso psicológico, deben añadirse también las repercusiones que la pandemia ocasionará en el ámbito económico, las cuales pueden incidir en la esfera legal y del cumplimiento normativo.

La transitoriedad e incertidumbre de la situación, la disminución de la productividad, la caída de la demanda, el aumento de los niveles de desempleo o la falta de liquidez de las empresas son factores que pueden dar lugar a escenarios tendentes al incumplimiento legal y a la comisión de ilícitos penales.

Por ello, el papel de los Programas de Compliance adquiere en estos momentos un protagonismo fundamental, como instrumento para canalizar la prevención, detección y gestión de riesgos, pues los eventuales incumplimientos normativos podrían tener como consecuencia la imposición a las organizaciones de multas de elevada cuantía, el cierre de sus locales, la suspensión de sus actividades, la inhabilitación para obtener subvenciones públicas, la imposibilidad de contratar con el sector público o, directamente, su disolución, consecuencias que podrían agravar los demás problemas anteriormente mencionados.

El Código Penal exige que los Programas de Compliance deben ser verificados periódicamente, cuando se produzcan infracciones del mismo y cuando tengan lugar cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada.

Obviamente, el legislador no ha incluido los supuestos de epidemias sanitarias o situaciones similares, pero la interpretación del requisito debe hacerse en clave de numerus apertus, incluyendo otras situaciones que puedan incidir de manera relevante en la organización, tales como cambios legislativos, variaciones en la jurisprudencia aplicable o cualesquiera otras circunstancias susceptibles de influir en la determinación del mapa de riesgos.

De esta forma, la redefinición del mapa de riesgos y, en base a ello, la configuración de las medidas de vigilancia y control, se configuran como labores de vital importancia.

En temas de fraude interno, la incertidumbre resultante de una posible inestabilidad laboral y el miedo a la pérdida de empleo pueden derivar en descargas de listados de proveedores o clientes para futuros empleos, asignación de contrataciones de bienes y servicios en base a intereses personales y al margen de criterios de idoneidad, etc.

Por otra parte, los posibles incumplimientos contractuales pueden provocar un aumento de la litigiosidad, por lo que las empresas pueden verse tentadas a llevar a cabo prácticas como el alzamiento de bienes, actos de disposición patrimonial para evitar embargos o ejecuciones de resoluciones judiciales, etc.

Asimismo, las compras compulsivas en supermercados podrían dar lugar a la sustracción del mercado de materias primas y bienes de primera necesidad, con el objetivo de forzar una alteración de los precios.

Además, el instinto de supervivencia de las empresas y la necesidad acuciante de obtener ingresos podrían constituir el caldo de cultivo de estafas y prácticas engañosas.

Estas mismas razones podrían estimular actos de corrupción y soborno, con el objetivo de evitar sanciones de órganos supervisores (que en otras circunstancias serían asumidas) o de lograr (“a toda costa”) la agilización de trámites administrativos o la adjudicación de contratos pendientes.

En lo relativo a los derechos de los trabajadores, el inevitable control de gasto de las empresas y, al mismo tiempo, la necesidad de aumento de una productividad que se está viendo deteriorada, podrían llevar a la comisión de prácticas ilegales, como la no ejecución de aumentos salariales que pudieran corresponder por aplicación de los convenios colectivos o, como consecuencia del teletrabajo, la falta de control horario e, incluso,  si la prolongación del confinamiento continuase durante el verano, la violación del período de jornada intensiva establecido en los convenios colectivos aplicables a la organización.

En la esfera de la salud, podría proliferar el contrabando y la fabricación o venta de medicamentos, mascarillas o respiradores que no cumplan las reglamentaciones y requisitos establecidos por las autoridades sanitarias.

En el ámbito de los secretos empresariales y del espionaje industrial, el temor de los profesionales a la pérdida del empleo podría ocasionar la difusión, revelación o cesión de secretos empresariales a empresas de la competencia, buscando una contraprestación consistente en un nuevo puesto de trabajo, secretos que en muchos casos podrían llegar a ser admitidos de buen grado por la competencia, en su instinto de supervivencia y de superación de una situación económica que puede ser ciertamente complicada.

En materia tributaria, las dificultades económicas de muchas empresas podrían incentivar prácticas de evasión de impuestos o artimañas y entramados fiscales de dudosa legalidad.

Finalmente, y, por desgracia, la situación que estamos viviendo puede favorecer también el tráfico de órganos, pues la elevada mortalidad y la acumulación de cadáveres son un escenario propicio para este tipo de prácticas.

Para ir concluyendo, en lo que se refiere al ambiente laboral (bien presencial, bien por la vía del teletrabajo), también podrían perpetrarse conductas contrarias a los valores de los códigos éticos, pues la incertidumbre, la tensión y el riesgo de pérdida del puesto de trabajo de unos profesionales en detrimento de otros, puede generar comportamientos y modos de actuar que suponen una quiebra de los estándares de honestidad, honradez, respeto, tolerancia cero frente a situaciones de acoso y principio de no discriminación, prácticas susceptibles incluso de ser ejecutadas por parte de mandos intermedios y gerenciales, que podrían tomar decisiones, con respecto a sus subordinados, basadas en favoritismos personales y no en criterios de mérito profesional.

En base a todo lo expuesto, la redefinición de los mapas de riesgos y de las medidas de vigilancia y control y, asimismo, la implantación en las organizaciones de planes de formación y concienciación en materia de Compliance, resultan fundamentales, al igual que la puesta a disposición de los profesionales de canales de denuncia, para comunicar no solo las conductas contrarias a los códigos éticos, sino cualquier incumplimiento de las políticas, normas, procedimientos e instrucciones internas y, por supuesto, cualquier vulneración de las normas del ordenamiento jurídico.

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